La fiscal tira de machismo para librar a Iglesias del ‘caso niñera’: «No se beneficia por ser padre»

La Fiscalía, dirigida por la ex ministra socialista de Dolores Delgado, muestra su lado machista para salvar al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, del caso Niñera en el que se investiga el uso de la ex diputada Teresa Arévalo como cuidadora de la hija menor del ex secretario general de Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero. En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ministerio Público responde que «su condición de padre de la menor Aitana, no le puede atribuir indicios de criminalidad». Responde así a Vox, que solicitó la testifical del ex vicepresidente segundo del Gobierno en esta causa «por tener la doble condición de secretario general de Podemos y progenitor de la menor».

Del mismo modo, la asociación de juristas Prolege, también personada en la causa como acusación popular, expresó que «ambos progenitores» –Iglesias y Montero– se han beneficiado de los servicios prestados de la empleada del partido. La asociación señalaba que, «si los hechos que han motivado la incoación de este procedimiento son la presunta utilización, inicialmente, de una empleada de Podemos y, posteriormente, de un cargo público del Ministerio de Igualdad, para prestar servicios personales como cuidadora de la hija de Iglesias y Montero, la investigación debe dirigirse contra ambos progenitores, puesto que ambos son los beneficiados por el trabajo prestado por la empleada para cuidar a la hija de la pareja».

La pareja podemita utilizó a la ex diputada Arévalo para cuidar de su hija menor, Aitana, durante la campaña electoral para los comicios del 10 de noviembre de 2019. Tanto es así que, tal y como desveló este periódico, el partido costeó billetes de avión de la menor y de su cuidadora para acompañar a Montero a un acto electoral celebrado en Alicante. En ese momento Teresa Arévalo estaba contratada por el partido cuando el responsable máximo era el entonces secretario general Pablo Iglesias. Y unos meses más tarde, cuando Irene Montero fue nombrada ministra, la niñera fue designada jefa de gabinete adjunta en el Ministerio de Igualdad y pasó a cobrar un sueldo de 51.946 euros anuales.

Por ello, las acusaciones populares Vox y Prolege subrayaron que «la conducta delictiva se inicia cuando Teresa Arévalo estaba contratada por Podemos y el máximo responsable era Pablo Iglesias, y además ambos, tanto Montero como Iglesias, son beneficiados por partes iguales».

Sin embargo, la representante del Ministerio Público expone que «ni en la denuncia de estos hechos de Mónica Carmona ni en las diligencias practicadas hasta el momento se ha atribuido participación alguna en los mismos a Pablo Iglesias Turrión. De manera que su condición de la menor Aitana o su condición de secretario general del partido Unidas Podemos en esa época, por sí solas, no le pueden atribuir indicios de criminalidad».

El ‘escoltagate’

La Fiscalía también se opone a investigar el escoltagate desvelado por OKDIARIO. Elena González, ex escolta de Irene Montero, relató en un escrito ante el Juzgado Social 3 de Madrid que durante su jornada laboral, a cargo del partido morado, la pareja Iglesias-Montero le ordenaba realizar tareas como hacer compras personales, productos de parafarmacia, droguería para bebés, alimentación en supermercados, comprar y llevar la cena, comprar comida para perros, hacer de chófer de la empleada doméstica y de la niñera, hacer de chófer de familiares invitados, hacer de transporte de envíos de familiares, tareas de gestión de obras en una de sus propiedades, tareas de mantenimiento en varias propiedades, tareas de mantenimiento de vehículos personales…

Es la segunda que el Ministerio Público se pronuncia sobre no citar a la ex escolta de Montero. Pero, la Fiscalía ignora que el titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid investiga si Montero cometió un delito de administración desleal. Por ello, el instructor ha solicitado ya a la Policía Nacional que localice «a la mayor brevedad» el domicilio de la testigo Elena González para poder citarla en sede judicial. Del mismo modo, el instructor ha solicitado incorporar la documentación del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid en el que se llevó la demanda sobre el despido de esta ex trabajadora de Podemos.